La Diputación Permanente mantiene las medidas de vivienda asequible y rechaza la ampliación extraordinaria de los alquileres

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado dos decisiones de signo contrario en materia de vivienda. En su sesión del 12 de noviembre de 2026, ha convalidado el Real Decreto-ley 29/2026, que incorpora medidas para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible, por 35 votos a favor y 34 en contra. Sin embargo, ha derogado el Real Decreto-ley 28/2026, que pretendía reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual, tras obtener 34 votos favorables y 35 contrarios.

El alquiler pierde la prórroga extraordinaria propuesta

La disposición derogada proponía modificar el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para prolongar los contratos de arrendamiento una vez superada su duración mínima legal.

En concreto, establecía prórrogas sucesivas de igual duración después de cinco años de contrato, o siete cuando el arrendador fuera una persona jurídica. Estas prórrogas podrían evitarse si alguna de las partes comunicaba su voluntad de no renovar el arrendamiento.

La iniciativa también ampliaba de cuatro a seis meses el plazo de preaviso que debía respetar el propietario. Además, introducía una compensación económica para el arrendatario cuando el arrendador decidiera poner fin al contrato sin prorrogarlo.

La indemnización se calcularía tomando el mayor importe entre doce mensualidades conforme al valor superior del rango individualizado del sistema estatal de referencia de precios del alquiler y una mensualidad por cada año de residencia en la vivienda, aplicando el mismo valor de referencia.

La derogación de la norma supone que este nuevo régimen de continuidad contractual no queda incorporado al ordenamiento por esta vía.

Vivienda asequible y protección de personas vulnerables

En cambio, el Real Decreto-ley 29/2026 ha obtenido el respaldo necesario para su convalidación. La disposición establece limitaciones temporales a determinadas adquisiciones de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2030 y contempla la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables que no dispongan de alternativa habitacional.

También incorpora medidas relacionadas con los arrendatarios y con la acreditación de la condición de gran tenedor. A ello se añaden modificaciones fiscales que afectan a cinco figuras tributarias: IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, IBI e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Avales públicos y préstamos para comprar vivienda

La ampliación de la oferta residencial constituye otro de los ejes de la disposición. Para impulsarla, se crea el Fondo de Vivienda de Impacto Social y se establecen dos líneas de avales: una de hasta 2.000 millones de euros para financiar el incremento o mejora del parque de alquiler social o asequible, y otra de hasta 280 millones para apoyar la financiación del ICO destinada a pymes que utilicen sistemas de construcción industrializada.

Además, el mecanismo TU CASA permitirá acceder a préstamos sin intereses ni comisiones para financiar la primera vivienda habitual hipotecada. Su importe alcanzará el menor valor entre el 20 % del precio del inmueble y 50.000 euros.

De este modo, la decisión parlamentaria mantiene en vigor un paquete de medidas de intervención, financiación y acceso a la vivienda, mientras rechaza la reforma extraordinaria de las prórrogas contractuales.