Facturas simuladas: el Supremo frena la agravación del 100%

El Tribunal Supremo ha establecido que la Administración tributaria no puede incrementar un 100 % una sanción por expedir facturas falsas cuando estas proceden de una actividad económica simulada y las operaciones correspondientes han sido anuladas como consecuencia de la regularización. 

Así lo establece la Sentencia 1.166/2026, de 20 de octubre, dictada al resolver un recurso de casación promovido por la Administración General del Estado.

Una actividad económica considerada simulada

El asunto tiene su origen en una estructura empresarial vinculada al transporte de mercancías por carretera. Varios socios aparecían formalmente como titulares independientes de una actividad económica y tributaban conforme al régimen de estimación objetiva.

No obstante, la Inspección tributaria concluyó que esa independencia era únicamente aparente. Las decisiones empresariales se concentraban realmente en una sociedad mercantil, de manera que no existían varias actividades económicas autónomas, sino una única actividad empresarial.

La estructura permitió generar facturación simulada que facilitaba a la sociedad la deducción de cuotas de IVA soportado y gastos en el Impuesto sobre Sociedades. Paralelamente, los socios tributaban en el régimen de módulos sin declarar esas cantidades como ingresos ni computarlas como IVA repercutido.

Tras la regularización, uno de los socios fue sancionado por expedir facturas con datos falsos o falseados. La Administración calificó la conducta como infracción muy grave y aplicó un incremento adicional del 100 % por incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación.

El desacuerdo sobre la agravación de la sanción

El contribuyente recurrió la sanción ante los órganos económico-administrativos y posteriormente ante la Audiencia Nacional.

Este tribunal estimó parcialmente su pretensión y eliminó el incremento del 100 %. Su razonamiento se apoyó en que la propia regularización había declarado inexistentes las operaciones realizadas entre los socios y la sociedad, al considerar simulada la actividad económica independiente.

La Abogacía del Estado discrepó de esta interpretación y acudió al Tribunal Supremo. Sostuvo que la emisión de facturas falsas representaba un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación, aunque no existieran operaciones económicas reales.

El criterio del Tribunal Supremo

La Sala rechaza el planteamiento de la Administración y confirma la decisión de la Audiencia Nacional.

Para ello, interpreta conjuntamente los artículos 201.5 y 187.1.c) de la Ley General Tributaria. El primero permite incrementar un 100 % la sanción cuando existe un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación. El segundo establece los parámetros para apreciar esa circunstancia, entre ellos que el incumplimiento afecte a más del 20 % de las operaciones sujetas a facturación.

El Tribunal considera que no puede aplicarse esta agravación cuando la regularización ha anulado las operaciones que supuestamente originaban dichas obligaciones, respecto de los mismos tributos y periodos investigados.

Una distinción relevante para las sanciones tributarias

La sentencia no elimina la responsabilidad por expedir facturas falsas ni cuestiona la calificación de la conducta como infracción muy grave. Su alcance se limita al incremento adicional del 100 %. El pronunciamiento establece que la existencia de facturación simulada no permite presumir automáticamente un incumplimiento sustancial a efectos de graduar la sanción.

Con esta decisión, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de la Administración y consolida un criterio que obliga a diferenciar entre la infracción cometida y los presupuestos específicos exigidos para aplicar su agravación.