El Supremo refuerza el control sobre las devoluciones

La AEAT debe justificar las cantidades retenidas

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los contribuyentes a impugnar determinadas deducciones practicadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre devoluciones tributarias. La Sentencia 974/2026, de 22 de julio, considera que una comunicación de pago puede ser recurrida cuando la Administración no se limita a informar del abono, sino que aplica deducciones que reducen la cantidad que finalmente recibe el contribuyente.

El caso analizado afecta a Sang Motor Siglo XXI, S.A., que tenía reconocida una devolución de IVA de 6.295,57 euros correspondiente al cuarto trimestre de 2014. La AEAT abonó 4.790,62 euros a la empresa y destinó los 1.504,95 euros restantes al pago de deudas con otros entes públicos, concretamente el Ayuntamiento de Madrid.

La sociedad recurrió esta actuación, pero el TEAC declaró inadmisible la reclamación económico-administrativa. La Administración entendía que la comunicación únicamente informaba de un pago ya acordado y que, por tanto, no constituía un acto susceptible de recurso.

La deducción tiene efectos jurídicos

El Supremo se aparta de esta interpretación. La Sala considera que, cuando la Administración aplica una deducción que modifica el importe líquido de la devolución, está adoptando una decisión con consecuencias jurídicas para el contribuyente.

Por ello, la actuación puede ser revisada mediante reclamación económico-administrativa, siempre que concurran los requisitos establecidos en los artículos 226 y 227 de la Ley General Tributaria. La resolución sigue así la doctrina establecida por el propio Tribunal Supremo en su Sentencia 919/2026, de 15 de julio.

La cuestión resulta relevante porque la Administración no puede convertir una decisión que afecta al importe de una devolución en una mera actuación informativa mediante la denominación utilizada en el documento. Lo determinante es el efecto material de la actuación sobre el derecho económico del contribuyente.

Especial control sobre los embargos

El Tribunal introduce, además, una precisión cuando la deducción procede de un embargo judicial. La AEAT no puede valorar si el órgano judicial actuó correctamente al ordenar el embargo. Esa cuestión debe plantearse ante el órgano competente.

Sin embargo, la Administración tributaria sí debe justificar cómo ejecuta la orden de embargo. El expediente debe permitir identificar la orden, conocer su alcance y comprobar cómo afecta al crédito tributario reconocido al contribuyente.

Esta obligación de motivación permite diferenciar entre el control de la decisión judicial y el control de la actuación administrativa. El primero queda fuera del ámbito de actuación de la AEAT; el segundo sí puede ser examinado en vía económico-administrativa.

El procedimiento deberá continuar

El Supremo estima el recurso de Sang Motor Siglo XXI, anula la sentencia de la Audiencia Nacional y ordena retrotraer las actuaciones para que se examine el fondo de la controversia.

La sentencia consolida así una garantía relevante para los contribuyentes: cuando una devolución tributaria reconocida se reduce mediante una deducción, la Administración debe explicar las razones de su actuación y aportar los elementos que permitan comprobar su correcta aplicación.